Por Cynthia Ottaviano
Jefa del equipo de Investigación
El vetador serial es Mauricio Macri pero la autoritaria es la presidenta Cristina Fernández. El tarifazo en el subte fue del 127%, sin audiencia pública, y el escándalo del verano es la tarjeta SUBE. ¿Y el derecho de la sociedad a la información veraz?
Desde cierto punto de vista, la exposición cotidiana a los medios de comunicación nos transforma en receptores más o menos críticos de hechos y datos que se reciben en un rosario de información y confluyen en una idea u opinión sobre la propia realidad, en base, claro, a esos mensajes seleccionados, masticados y digeridos por cada medio, transformados en cápsulas fáciles de tragar, con 100% de vitaminas editorializadas que recibirá en dosis suficiente cada espectador-oyente-lector.
Dependerá de cada uno repetir en todo, en parte o en nada el mensaje recibido. Y esto a su vez dependerá de un ejercicio más o menos desarrollado de ciudadanía informativa.
Pero, ¿qué pasa cuando por algún motivo determinado, las vacaciones por ejemplo, alguien deja de informarse a través de los medios masivos de comunicación? Según Gilles Deleuze se ganaría en salud, ya que “vivimos en una sociedad de control y la información es el sistema controlado de las palabras”.
Según Marshall McLuhan se podría volver a la aldea tribal, en la que el universo real se conforma sólo de transmisiones orales y con hechos concretos de cada vida: la salud de la familia, el trabajo, la paga que permite determinado poder adquisitivo, los pasatiempos, el ocio, en fin, lo que se llama vida cotidiana, con la mínima intervención del relato oral que nos acerca noticias de terceros.
Aunque en apariencia resulten disímiles, en los dos paradigmas –el de la exposición mediática acelerada y el del ascetismo informativo– nos obligarían a lo mismo: a creer. Creer que el mensaje es cierto. Que aquí nadie miente. Que la intención última y primera es informar. Sin manipular. Pero todos sabemos que este postulado basado en el contrato social, en la Argentina contemporánea, por lo menos, no se cumple.
Los medios de comunicación hegemónicos, transformados en corporaciones (en algunos casos monopólicas) rifaron el interés de todos en una kermese impune y convirtieron en criterio periodístico su interés individual, esencialmente económico, revocado con los principios de libertad de expresión y derecho a la propiedad privada.
En estas circunstancias, volver a exponerse a los mensajes de los medios hegemónicos al regreso de las vacaciones, llevará a ser pasajero de un viaje al absurdo, sin escalas, saturado de malos entendidos shakespeareanos. Veamos. El 30 de enero pasado, en la sección del diario Clarín llamada “Del editor al lector”, Eduardo van der Kooy –considerado “joven sobresaliente” por el dictador Jorge Rafael Videla, calificativo aceptado con gusto por el joven periodista de Clarín durante un almuerzo en la casa Rosada y a cuyo fin declaró que el represor, “el presidente”, dijo, le pareció un hombre “muy bien informado, abordó los temas que más preocupan a la juventud” (La Semana, 28 de septiembre de 1977). Este ya no joven pero todavía alfil de Clarín calificó de “personalista” y de “aportar poco, en todos los planos, a favor de la institucionalidad”, no a Mauricio Macri, que casi todos los días con precisa obsesión se encarga de vetar una ley aprobada por sus propios legisladores, elegidos por mandato popular, sino al “gobierno kirchnerista”, hoy en manos de Cristina Fernández, la presidenta que menos vetos utilizó desde el retorno de la democracia. De acuerdo con un relevamiento del Programa de Estudios Electorales y Legislativos de la Universidad Torcuato Di Tella, Fernando de la Rúa encabeza el podio con 23 vetos al año, sobre 325 leyes aprobadas, le sigue Carlos Menem con 18,16 y 21,5 sobre 835 y 713 leyes; después Eduardo Duhalde, con 18,5 sobre 181 leyes; Raúl Alfonsín con el 8,16, sobre 645 leyes aprobadas y Néstor Kirchner con 9,5 sobre 600 leyes.
Pero para Van der Kooy, la “personalista” es Cristina y no Macri que desautoriza hasta a su propia tropa. Tiene lógica, si en plena dictadura vio en un represor un presidente, ahora, en plena democracia, entiende que una presidenta es cuasi dictadora.
Otro ejemplo, esta vez de La Nación: “Tarifas: convocarán desde la oposición a audiencias públicas. Buscan que el Congreso discuta el aumento de los servicios. El ajuste, los incrementos dispuestos por el gobierno”, tituló el martes 31 de enero. Quien se haya informado por última vez los primeros días de enero y lea sólo el título, el copete y la volanta que propone el diario de Bartolomé Mitre, creerá que el kirchnerismo, por ejemplo, llamará a audiencias públicas –como corresponde a un aumento de tarifas en los servicios– porque Macri ordenó que el subte pasara de costar 1,10 a 2,50 pesos, es decir, estableció un aumento de más del 120 por ciento. Solito, solo. Sin consultar a los consumidores, ni a las asociaciones que los representan ni a nadie parecido.
Pero no, la nota del diario centenario no se trata del aumento real y concreto del subte. Se trata de “la embestida del Poder Ejecutivo en el aumento de tarifas en los servicios públicos”. Ante semejante afirmación cualquiera preguntaría, ¿qué servicios aumentaron y de cuánto fue el aumento”. Ni aunque googleara hasta pasado mañana o leyera cada uno de los anuncios del gobierno nacional encontraría ningún aumento a ningún servicio público. Los únicos aumentos en el ámbito del gobierno nacional son los que el propio diario La Nación y su socio Clarín publicaron, convirtiéndose en fuente, ya que en realidad al cierre de esta edición no existieron.
La información es falsa, pero permite mantener a muchos lectores engañados durante algún tiempo. Se sabe, no se puede mantener engañado a todos, todo el tiempo. Pero el que volvió de vacaciones y agarró La Nación del 31 de enero y leyó la página 6 sobre “los incrementos dispuestos por el Gobierno” pudo haberse confundido o hasta preocupado.
Tanto como el que vio exhibida en el kiosco la tapa de Clarín del viernes 3 pasado: “Más confusión. El SUBE no eximirá de pagar más boleto.” Es decir que aseguraba que con o sin SUBE el aumento podía darse igual, porque el SUBE no eximía del aumento. El título surgía como consecuencia de los dichos del secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, en los que no dijo eso, sino exactamente lo contrario, a saber: “No habrá aumento para los que tengan la SUBE” –de paso sea dicho, la declaración fue título principal de la tapa de este diario del mismo viernes en el que Clarín informaba todo lo contrario–. Es decir, según la información oficial, con SUBE no habrá aumento.
No es locura, alienación ni esquizofrenia. Es un cártel mediático desesperado porque teme (y en eso sí que registran la realidad) perder negocios multimillonarios, como Papel Prensa y Cablevisión, sólo por citar dos pilares fundamentales. A costo de dañar la credibilidad social, aumentar la desconfianza, horadar poquito a poco al gobierno nacional y hacer un verdadero aporte a la confusión nacional. Así de simple.
Ah, mientras tanto sobre el aumento real y concreto de Cablevisión –dado a conocer por la propia empresa, será de entre 5 y 13 pesos desde marzo– mutis por el foro para Clarín y para La Nación. Poco importan las resoluciones de la Secretaría de Comercio Interior que lo impiden, la necesidad de una audiencia pública también para determinarlo, ya que la televisión está considerada un servicio, ni el interés de los más de 3 millones de usuarios.
La razón es simple: según estimaciones oficiales, el mascarón de proa cableoperador del Grupo Clarín lleva facturado más de 1500 millones por cobrar sumas indebidas. Y esa fortuna, en la aldea tribal o en la global, con o sin exposición a los medios de comunicación, en el medio o no de la sociedad de control, para Héctor Magnetto y sus socios controlantes es un negocio redondo. Espúreo o no. A costa de pocos o muchos. De vacaciones o no.
