Inicialmente preveía otorgar la gratuidad al 70% más vulnerable de la población estudiantil universitaria, pero se reducirá finalmente a 200.000 casos, consignó Javiera Olivares.
El Congreso de Chile sancionó la ley que garantiza la gratuidad a los sectores más vulnerables y por la cual casi 200.000 jóvenes comenzarán a formarse gratuitamente en educación superior a partir del próximo año. La decisión fue tomada anoche, en su tercer trámite constitucional, por 92 votos a favor, 2 en contra 1 abstención, destacó por Continental Javiera Olivares, presidenta del Colegio de Periodistas de Chile.
«Después de 30 años la gratuidad vuelve a Chile», aseveró el vocero del Gobierno, Marcelo Díaz, quien agregó que este acuerdo va pasar a la historia del país. «Hemos cumplido el compromiso que adquirimos con los estudiantes y con las familias chilenas y hemos transformado la educación en un derecho», declaró a los medios locales. Por su parte, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, afirmó que este es «un gran paso» en un camino en el que «esperamos seguir avanzando para que más estudiantes puedan acceder a la educación gratuita. Es el mejor regalo de Navidad para muchas familias que no tendrán que endeudarse el próximo año», consideró la ministra Delpiano, al adelantar que éste es el «primer paso» en la reforma educacional.
La gratuidad en la educación universitaria fue uno de los emblemas del segundo mandato de la presidenta Bachelet que a lo largo de este año sufrió distintos cambios, y es «sólo un primer paso» hacia la justicia educativa, explicó Olivares en La Mañana. Desde el pasado 21 de mayo, el Gobierno modificó en más de cinco ocasiones las propuestas de gratuidad, lo que desconcertó a la comunidad universitaria y empujó a los estudiantes a marchar por las calles de Santiago. La iniciativa ingresó el pasado lunes al Congreso, tras el insólito fallo del Tribunal Constitucional que a principios de diciembre determinó que la fórmula anterior definida por el Gobierno era «discriminatoria», lo que obligó al Ejecutivo a modificarla.
La nueva ley estableció además un incremento en las becas para los jóvenes que lleguen a estudiar a los centros de formación técnica e institutos profesionales, establecimientos que no fueron incorporados esta vez en la propuesta, aunque se estableció que en un plazo de tres años esos planteles deberán ingresar gradualmente en el sistema de gratuidad. El problema del financiamiento universitario se arrastraba desde la reforma educacional que implantó dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990) al obligar a las universidades públicas a autofinanciarse, en un país en el que la mitad de los trabajadores recibe salarios inferiores a 500 dólares por mes.
